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ESTUDIANTE DETENIDA EN  TOMA DE LA EMPRESA PORTUARIA DE VALPARAÍSO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
Estudiante detenida en toma de la empresa portuaria de Valparaíso el 28 de septiembre de 2011. Foto: Yovanny Torres Malpu.
 

17 de octubre de 2011 |AMÉRICA LATINA |CHILE

Con medidas de presión el gobierno chileno responde a los estudiantes

Por: Yovanny Torres Malpu

Frente a las constantes manifestaciones que estudiantes secundarios y universitarios han protagonizado desde hace más de cuatro meses, exigiendo al Estado cambios estructurales al sistema educativo chileno, el gobierno ha impuesto medidas de presión para obligar a los estudiantes a terminar con las movilizaciones, cerrar el primer semestre, y retomar las clases. Amenazando, entre otras cosas, con el cese de la entrega de becas y créditos que hoy reciben los estudiantes, y además con el establecimiento de una ley que criminalizaría las tomas de establecimientos educacionales.

De esta manera los gobernantes no sólo han demostrado que no les interesa resolver la crisis en la que se encuentra la educación, sino que tampoco les importan las familias chilenas, las universidades, los avances en democracia, y los beneficios que se obtendrían si escucharan a la ciudadanía.

Esto queda demostrado en que si el gobierno no entregara los "beneficios" a los estudiantes, primero y ante todo atacaría directamente a los jóvenes que verían truncado su futuro al no poder seguir pagando los altos aranceles que cobran las universidades en Chile. Miles de familias también serían perjudicadas por dicha medida, debido a las millonarias deudas a las que quedarían atadas. Por otra parte, esa gran cantidad de estudiantes quedaría con las manos atadas, sin tener donde estudiar y sin poder encontrar empleo.

Las universidades del Consejo de Rectores de Chile también serían golpeadas por esta medida. Ya que todas se financian gracias a los ingresos obtenidos por el cobro de aranceles. Aranceles que muchos estudiantes pagan con créditos o becas. Debido a esto, y a que existen universidades que se financian hasta en un 90% mediante este instrumento. Las casas de estudios se verían en difíciles condiciones económicas al no recibir estos ingresos. Llegando a la quiebra en muchos casos.

De inmediato se advierte el escenario que esto generaría. Miles de funcionarios en situación de cesantía, casas de estudios cerradas o a la libre disposición de capitales privados, terminando así con lo poco y nada que de educación pública queda hoy en Chile.

 

Marcha
Marcha ciudadana por la educación. Valparaíso 6 de octubre de 2011. Foto: Yovanny Torres Malpu.



Otra medida de presión impuesta por el actual gobierno, y que hoy es un proyecto de ley en trámite en el Congreso Nacional, es la extensión y profundización a la ley 12.927 de Seguridad del Estado. Donde se buscaría sancionar a quienes participen en actos públicos, autorizados o no, a rostro cubierto. Extendiendo además la calidad de público el interior de los establecimientos educacionales. Es decir, que con esta modificación, lo que se busca es criminalizar las tomas de las casas de estudio que actualmente están ocupadas y paralizadas por sus estudiantes. Cabe mencionar que al profundizar esta norma, el gobierno demuestra lo cómodo que se siente utilizando recursos legales heredados de la pasada dictadura. Ya que la ley de Seguridad del Estado fue un instrumento promulgado en dictadura, para mantener el orden bajo las condiciones que imponía el gobierno de facto.


De esta manera, el poder ejecutivo, encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, responde a las peticiones que la sociedad chilena está haciendo hace más de cuatro meses con respecto a la educación. Las que el gobierno no ha querido afrontar, imponiendo soluciones que lo único que hacen es profundizar las problemáticas denunciadas por los estudiantes y la ciudadanía.

 

 

 
 
 
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